(Juan Fco. Silva – Fonoaudiólogo Audiólogo)
Hay decisiones que se anuncian como justicia social, pero que en la práctica
pueden terminar convertidas en un nuevo problema para las comunas. La
discusión sobre el megaproyecto impulsado por el gobierno de Kast y Quiroz, con
su propuesta de exención o término de contribuciones, abre precisamente esa
pregunta: ¿quién financia el costo real de la medida y quién asume sus efectos
cuando la retórica ya no alcanza?
En teoría, el alivio tributario para los adultos mayores suena razonable. Nadie
podría oponerse, en principio, a proteger a quienes han trabajado toda una vida y
enfrentan pensiones insuficientes. Pero el problema no está en el objetivo
declarado, sino en el diseño político y fiscal. Si una reforma altera una fuente de
ingresos municipal, no basta con prometer compensaciones genéricas ni con
confiar en que el Estado central resolverá después lo que antes decidió imponer.
Las comunas no administran discursos: administran basura, seguridad, programas
sociales, mantención urbana y apoyo directo a sus vecinos.
Isla de Maipo, como tantas otras comunas, no vive de abstracciones. Vive de su
presupuesto, de su capacidad para sostener servicios y de su autonomía
financiera. Por eso, cuando desde el poder central se impulsa una reforma de alto
impacto tributario, lo mínimo exigible es claridad total: cuánto se pierde, quién
compensa, cuándo compensa y con qué garantía. Todo lo demás es voluntarismo
político adornado de buena prensa.
El Gobierno ha insistido en que no habrá merma para las municipalidades, porque
la recaudación sería repuesta mediante mecanismos centrales. Pero esa
explicación no disipa las dudas; las profundiza. En Chile hemos visto demasiadas
veces cómo las promesas de compensación terminan subordinadas a
reglamentos, criterios administrativos, ajustes presupuestarios o negociaciones
posteriores. Y cuando eso ocurre, las comunas pequeñas o medias quedan al final
de la fila, obligadas a hacer más con menos.
El punto de fondo es más grave: este tipo de reformas refuerza la dependencia de
los municipios respecto del poder central, mientras el discurso oficial habla de
descentralización y eficiencia. Se exige responsabilidad a los gobiernos locales,
pero se les recorta margen de maniobra. Se les pide cercanía con la comunidad,
pero se les debilita el financiamiento. Se les encomienda resolver problemas
cotidianos, pero se les deja sujetos a la incertidumbre de compensaciones futuras.
Por eso, la pregunta que debe hacerse Isla de Maipo no es solo si la medida
suena popular, sino si es seria. Y si realmente protege a los adultos mayores sin
convertir a las municipalidades en rehenes de una reforma mal resuelta. Porque
una política pública responsable no se mide por el aplauso inicial, sino por su
capacidad de sostenerse sin castigar a las comunas que tienen menos holgura
para resistirla.
Si el gobierno quiere defender esta iniciativa, que lo haga con números auditables,
mecanismos automáticos de compensación y certezas legales, no con
declaraciones tranquilizadoras. Y si no puede garantizar eso, entonces no
estamos frente a una reforma de justicia social, sino ante otra operación política
donde el costo se socializa hacia abajo y la ganancia se capitaliza arriba.
Signo Escarlata, documentar para entender mejor…
