(Juan Fco. Silva Diaz – Fonoaudiólogo Audiólogo)
Una deuda previsional de $772 millones expone el fracaso de una educación municipal
sostenida sobre el esfuerzo de sus trabajadores. Mientras se prepara el traspaso al SLEP
Talagante, la comunidad docente exige algo elemental: que se pague lo que fue
descontado de sus remuneraciones y que nadie convierta la crisis en una herencia sin
responsables.
La deuda detrás del sueldo
En Isla de Maipo, la crisis no se anuncia con grandes titulares ni aparece en una
ceremonia oficial. Se instala en la vida cotidiana de cientos de trabajadores de la
educación: en la imposibilidad de utilizar un bono médico, en la incertidumbre frente a una
licencia, en un crédito que se detiene, en una atención de salud que deja de estar
disponible.
Desde diciembre de 2025, profesores y asistentes de la educación denuncian que las
cotizaciones previsionales descontadas mensualmente de sus remuneraciones no fueron
enteradas oportunamente en las instituciones correspondientes. La cifra expuesta ante el
Concejo Municipal el 20 de mayo alcanzaría los $772.011.407, considerando obligaciones
de AFP, salud y otros aportes previsionales. Del total informado, más de $497 millones
corresponderían a cotizaciones de AFP.
No se trata, por tanto, de una deuda abstracta. Es dinero que salió de los salarios de
trabajadores que cumplieron con su jornada, sostuvieron escuelas, recibieron estudiantes
y mantuvieron funcionando una educación pública que muchas veces opera con recursos
insuficientes y con escaso reconocimiento.
El problema previsional se transforma así en una herida social. Cuando una familia no
puede acceder normalmente a prestaciones médicas o ve comprometida su capacidad de
endeudamiento, la crisis deja de ser contable. La deuda entra a la casa, altera la
planificación familiar y obliga a los trabajadores a pagar las consecuencias de una
administración que no controlan.
La promesa del traspaso
La educación municipal de Isla de Maipo forma parte del territorio que será administrado
por el Servicio Local de Educación Pública de Talagante, junto con los establecimientos
de Talagante, Peñaflor, El Monte y Padre Hurtado. El traspaso está programado para
enero de 2027 y constituye uno de los cambios institucionales más importantes para la
educación pública de la provincia.
Conviene precisar el calendario: a mediados de agosto de 2026 no quedan exactamente
siete meses para enero, sino aproximadamente cinco meses calendario. Esa diferencia no
es menor. Cada mes que transcurre puede aumentar la deuda mediante reajustes,
intereses y multas, mientras los trabajadores siguen esperando una solución concreta.
El SLEP llega acompañado de una promesa largamente esperada: terminar con la
dispersión de la administración municipal, contar con equipos especializados, mejorar la
planificación y establecer una gestión educativa con perspectiva territorial. En teoría, el
nuevo sistema debiera permitir que la educación deje de depender de la capacidad
financiera de cada municipio.
Pero ninguna reforma institucional puede comenzar sobre la base del silencio. Tampoco
puede presentarse como una solución si antes no se aclara quién responde por las
obligaciones acumuladas durante la administración municipal.
No es una herencia sin dueño
El traspaso al SLEP no borra la deuda ni convierte automáticamente al nuevo servicio
público en responsable de las cotizaciones impagas generadas antes de su entrada en
funciones. La normativa mantiene la responsabilidad en la municipalidad o en la
corporación municipal que contrajo las obligaciones durante su administración. La
Dirección del Trabajo ha sostenido que el traspaso del servicio educacional no exime a las
corporaciones municipales del pago de las deudas contraídas durante su gestión.
Esta precisión es central. El Estado puede crear un nuevo administrador, pero no puede
permitir que la responsabilidad se diluya en el cambio de nombre, de dependencia o de
estructura institucional.
La Ley N.º 21.819 contempla mecanismos para que, bajo determinadas condiciones, el
Ministerio de Educación pueda pagar directamente deudas municipales vinculadas al
servicio educacional. Sin embargo, ese eventual auxilio fiscal no significa que la deuda
desaparezca ni que la administración que la generó quede liberada. El Fisco puede
subrogarse en los derechos de los acreedores y exigir posteriormente el reintegro a la
entidad deudora.
Dicho de otro modo: si el Estado interviene, no lo hace para regalar una salida política a
quienes administraron mal los recursos, sino para proteger derechos laborales y
previsionales que no pueden seguir esperando.
La política de la espera
La respuesta institucional conocida hasta ahora ha sido la coordinación. El 9 de junio, la
Delegación Presidencial Provincial informó una reunión entre la delegada presidencial, la
seremi de Educación y el alcalde de Isla de Maipo para abordar la deuda previsional de
los docentes. En esa instancia se comprometió un trabajo coordinado y permanente para
buscar soluciones.
Pero los trabajadores no viven de reuniones. Necesitan fechas, montos, responsables y
documentos verificables.
La política de la espera suele presentarse como prudencia administrativa. Se pide
paciencia, se anuncian gestiones, se habla de alternativas y se espera que el desgaste
divida a los afectados. Mientras tanto, la deuda crece y los trabajadores cargan con una
responsabilidad que no les pertenece.
Desde una mirada de izquierda, esta situación revela algo más profundo que una falla
presupuestaria: muestra los límites de un modelo que entrega a los municipios la
administración de derechos sociales esenciales, pero no siempre garantiza los recursos
suficientes para sostenerlos. La educación pública se descentralizó en la gestión, pero no
necesariamente se descentralizaron las capacidades financieras, técnicas y políticas para
asegurar su funcionamiento.
Cuando los ingresos municipales son insuficientes, cuando las corporaciones acumulan
déficits y cuando las decisiones se adoptan sin transparencia suficiente, el costo termina
recayendo sobre los trabajadores. Es la vieja lógica de socializar las pérdidas y privatizar
los sacrificios: quienes menos poder tienen deben esperar, justificar su situación y
demostrar una y otra vez que tienen derecho a recibir lo que ya se les descontó.
La responsabilidad del alcalde
El alcalde Juan Pablo Olave enfrenta una responsabilidad política concreta. No porque
toda la deuda se haya originado necesariamente durante su período, sino porque la
administración vigente debe informar con claridad, proteger a los trabajadores y evitar que
la crisis continúe agravándose.
Gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras, organizar actividades comunales o
gestionar la seguridad de los eventos públicos. Gobernar también significa responder
cuando los trabajadores municipales y de la educación pierden acceso a prestaciones
previsionales debido a obligaciones no pagadas.
La autoridad comunal debe explicar:
Cuándo se detectó formalmente la deuda.
Qué cotizaciones fueron descontadas y no pagadas.
Qué instituciones previsionales están afectadas.
Cuál es el monto actualizado con intereses y multas.
Qué medidas concretas se han adoptado para detener el crecimiento de la deuda.
Qué convenio se negocia con el Ministerio de Educación.
Qué garantías existen para que el traspaso al SLEP no deje a los trabajadores en una
zona de incertidumbre.
Qué responsabilidades administrativas se determinarán respecto de la gestión financiera
de la Corporación Municipal.
La transparencia no puede limitarse a confirmar una cifra ante el Concejo Municipal. La
comunidad necesita acceder al detalle de la deuda, a los informes financieros y al
cronograma de regularización. La democracia local exige que quienes administran
recursos públicos rindan cuentas ante quienes sostienen los servicios públicos.
Antes de entregar las escuelas
El SLEP Talagante no debe ser utilizado como una cortina de humo para cerrar el capítulo
municipal sin resolver sus consecuencias. Tampoco debe recibir una educación pública
debilitada, con trabajadores angustiados y comunidades educativas desconfiadas.
El traspaso debe incorporar una hoja de ruta pública que contemple, al menos:
Una nómina individualizada de cada trabajador afectado.
El detalle mensual de las cotizaciones adeudadas.
La certificación de las instituciones previsionales.
Un calendario obligatorio de pago.
La identificación de la entidad responsable en cada etapa.
Un sistema de información para que cada trabajador pueda verificar la regularización de
sus cotizaciones.
La fiscalización de la Contraloría, la Dirección del Trabajo y los organismos previsionales
competentes.
La comunidad educativa no está pidiendo un privilegio. Está exigiendo que se respete la
ley y que el dinero descontado de sus remuneraciones llegue finalmente a su destino.
Una crisis que no puede normalizarse
La deuda previsional de Isla de Maipo no puede normalizarse como otra dificultad
heredada por los municipios. Tampoco puede resolverse mediante declaraciones
generales sobre la falta de recursos. La escasez presupuestaria puede explicar una crisis,
pero no elimina la obligación de responder por ella.
Los profesores y asistentes de la educación no son una cifra dentro de un balance. Son
trabajadores que han sostenido durante años la educación pública local, muchas veces en
condiciones adversas, con cursos numerosos, establecimientos que requieren inversión y
comunidades que dependen de la escuela como uno de los pocos espacios permanentes
de protección social.
A pocos meses del traspaso, Isla de Maipo se encuentra ante una disyuntiva política:
puede permitir que la deuda sea trasladada de una oficina a otra, entre convenios y
mesas de trabajo, o puede exigir una solución con responsables, plazos y recursos.
El SLEP puede representar una oportunidad para construir una educación pública con
mayor capacidad estatal, participación y planificación. Pero esa oportunidad no será
creíble si comienza dejando a sus trabajadores abandonados a su suerte.
Antes del traspaso, hay una obligación ineludible: pagar las cotizaciones, reparar el daño
causado y garantizar que ninguna reforma educativa se construya sobre la inseguridad
previsional de quienes han dedicado su vida a enseñar.
Signo Escarlata, Documentar para entender mejor.
