(Juan Fco. Silva Díaz – Fonoaudiólogo Audiólogo)
En Isla de Maipo, la crisis dejó de ser una cifra contable. La deuda previsional que afecta
a los trabajadores de la educación ya no se limita a los cinco meses denunciados
inicialmente —entre diciembre de 2025 y abril de 2026—, sino que, según el Colegio de
Profesores comunal, supera actualmente los siete meses. Detrás de cada mes impago
hay una familia que espera, una atención médica que puede postergarse, una licencia que
enfrenta obstáculos y una pensión futura que se vuelve más incierta.
La propia municipalidad habría reconocido una deuda de $772.011.407 correspondiente al
período inicialmente informado, con más de $497 millones asociados a cotizaciones de
AFP, además de obligaciones de salud y otros descuentos previsionales. Ahora, el gremio
sostiene que el problema se extendió y exige documentos que demuestren qué se ha
pagado, cuánto falta y cuándo se terminará de pagar.
No se trata de una diferencia administrativa ni de un retraso menor. Las cotizaciones
previsionales son dinero de los trabajadores. Se descuentan de sus remuneraciones con
un destino específico: financiar pensiones, salud, seguro de cesantía y otras protecciones
sociales. Cuando ese dinero no llega a las instituciones correspondientes, el profesor
queda atrapado en una paradoja: trabaja, cumple, recibe una liquidación que registra el
descuento, pero descubre que el derecho asociado no está disponible.
Una promesa que no llegó a las cuentas
Durante junio de 2026, el alcalde Juan Pablo Olave habría comprometido, mediante una
carta entregada al gremio, la regularización de las obligaciones previsionales. Sin
embargo, el Colegio de Profesores acusa que el compromiso no se cumplió y que la
deuda continuaría acumulándose.
La pregunta política es directa: ¿qué valor tiene una carta firmada si las cotizaciones
siguen sin aparecer pagadas en las cartolas de los trabajadores?
La respuesta no puede quedar reducida a explicaciones sobre fondos retenidos, déficit de
la corporación o dificultades de gestión. Esas pueden ser razones administrativas, pero no
eliminan la obligación laboral. La municipalidad y la corporación deben entregar
transparencia, cronograma, comprobantes y responsables concretos. Un anuncio de
solución no reemplaza el pago efectivo.
En junio, autoridades provinciales informaron que coordinarían acciones para abordar la
deuda previsional de los docentes de Isla de Maipo. También se comunicó que el
municipio buscaba garantizar la cobertura de salud y gestionar recursos vinculados a
subvenciones escolares. Pero, mientras las instituciones coordinan, los trabajadores
siguen enfrentando la incertidumbre en primera persona.
La deuda tiene rostro humano
El impacto se observa en situaciones concretas.
Una profesora con una enfermedad crónica puede descubrir que su cotización de salud
no fue enterada y enfrentar dificultades para mantener su plan, solicitar un reembolso o
gestionar una licencia médica. Un asistente de la educación puede necesitar un crédito
para resolver una emergencia familiar y encontrarse con antecedentes previsionales
desactualizados. Un trabajador próximo a jubilar puede comprobar que varios meses no
aparecen en su cuenta individual, reduciendo su densidad de cotizaciones y obligándolo a
iniciar trámites para demostrar una deuda que no provocó.
También está el miedo. Miedo a enfermarse, a quedar cesante, a ser despedido o a que la
solución vuelva a postergarse. El profesor no sabe si el próximo mes tendrá sus
cotizaciones al día ni si los pagos anunciados serán realmente imputados a su nombre.
La deuda, además, crece. No solo se acumulan los montos originales: las cotizaciones
impagas generan reajustes, intereses, recargos y eventuales multas. El sistema legal
permite que estas obligaciones sean reclamadas ante las AFP, la Inspección del Trabajo o
los tribunales de cobranza. Desde 2026 existe, además, un Sistema Único de Cobranza
de Cotizaciones destinado a coordinar con mayor eficacia la recuperación de deudas
previsionales.
El costo político del incumplimiento
El alcalde Juan Pablo Olave pertenece a la UDI, partido que históricamente ha defendido
la responsabilidad fiscal, la eficiencia administrativa y el orden en la gestión pública. Sin
embargo, no puede existir responsabilidad fiscal cuando se administra con dinero
descontado a los trabajadores y luego no se acredita su pago.
La crisis expone una contradicción profunda: se exige disciplina a los funcionarios, pero
se tolera que el empleador público incumpla una obligación esencial. Se habla de
eficiencia, pero los profesores deben perseguir sus propios descuentos para demostrar
que fueron retenidos y no enterados. Se invoca la defensa de la familia, mientras familias
completas enfrentan inseguridad sanitaria, previsional y económica.
Desde una mirada de izquierda, el problema no debe presentarse como una disputa entre
el municipio y un gremio. Es un conflicto entre quienes sostienen diariamente la educación
pública y una estructura de administración que pretende trasladar sus errores financieros
a los trabajadores. La crisis demuestra, una vez más, que cuando la gestión pública se
organiza sin control social, transparencia ni participación laboral, los costos terminan
recayendo sobre quienes tienen menos capacidad para soportarlos.
No es el alcalde quien arriesga su pensión por cada mes impago. No es la corporación
quien debe explicar en una farmacia por qué su cobertura no aparece regularizada. No
son las autoridades quienes tienen que esperar la solución de un tratamiento médico. El
costo lo pagan los profesores, los asistentes y sus familias.
El paro comunal como respuesta
Frente a siete meses de incumplimiento, las declaraciones ya no bastan. Tampoco bastan
las reuniones sin actas públicas, los compromisos generales ni las promesas de futuras
gestiones. Se requiere presión organizada, visible y democrática.
Por eso, la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria debe transformarse en el punto
de partida para preparar un paro comunal de la educación, con participación del Colegio
de Profesores, asistentes de la educación, comunidades escolares, madres, padres,
estudiantes y organizaciones sociales de Isla de Maipo.
El paro no debe ser presentado como un capricho ni como una amenaza. Es una
herramienta legítima de defensa frente a un incumplimiento que afecta derechos básicos.
Si el municipio no escucha cuando los trabajadores reclaman, debe escuchar cuando la
comunidad educativa completa se moviliza.
La paralización debe tener exigencias claras:
Pago inmediato y verificable de las cotizaciones adeudadas.
Publicación del detalle de la deuda por trabajador y por institución previsional.
Entrega de comprobantes individualizados de cada pago.
Convenio de regularización con fechas, montos y responsables.
Garantía de continuidad de la cobertura de salud y de las licencias médicas.
Fiscalización de la Dirección del Trabajo, Contraloría y organismos previsionales.
Mesa de seguimiento con participación vinculante de los trabajadores.
La única forma de evitar que este conflicto se prolongue es que la comunidad educativa
actúe unida. Un paro comunal no resuelve por sí solo la deuda, pero puede abrir la puerta
a una solución real cuando las autoridades han demostrado que, sin presión, las
promesas se diluyen.
No más cartas: cotizaciones pagadas
Los profesores de Isla de Maipo no están pidiendo un favor. Están exigiendo que se
respete el dinero descontado de sus remuneraciones y que se garantice su derecho a la
salud, a la seguridad social y a una jubilación digna.
La deuda previsional tiene responsables políticos y administrativos. La responsabilidad no
desaparece porque cambie el mes, se retengan subvenciones o se convoque a nuevas
reuniones. Mientras las cotizaciones no estén pagadas y correctamente registradas, el
compromiso del alcalde Olave seguirá siendo solo eso: un compromiso incumplido.
La educación pública no puede seguir funcionando sobre el sacrificio silencioso de sus
trabajadores. Isla de Maipo necesita una respuesta inmediata, colectiva y firme:
asamblea, organización y paro comunal hasta que cada cotización sea pagada y
acreditada.
Signo escarlata. Documentar para entender mejor
