(Juan Fco. Silva Díaz – Fonoaudiólogo/Audiólogo)
En Chile, mientras 46 funcionarios de superintendencias ganan igual o más que el
Presidente —más de $11 millones mensuales—, cientos de profesores de Isla de Maipo
acumulan ocho meses de retraso en el pago de sus cotizaciones previsionales, con una
deuda que supera los $772 millones.
Fundamentación
La paradoja es evidente: en un país que se define como republicano y meritocrático,
quienes sostienen el futuro —los docentes— ven descontadas sus imposiciones sin que
estas lleguen a destino, mientras altos cargos del Estado perciben remuneraciones que
duplican o triplican el sueldo base de un profesor de aula. Un docente con 44 horas
semanales en educación básica tiene un sueldo base cercano a $880.000 mensuales, y
con bonos y asignaciones rara vez supera los $1.800.000, muy lejos de los $11–15
millones que reciben algunos funcionarios públicos.
Breve descripción del caso Isla de Maipo
Desde diciembre de 2025, profesores y asistentes de la educación de Isla de Maipo
denunciaron que las cotizaciones previsionales descontadas de sus sueldos no fueron
enteradas a AFP, Isapre y otras instituciones. La deuda previsional, informada en mayo
ante el Concejo Municipal, alcanza los $772.011.407, de los cuales más de $497 millones
corresponden a AFP. La dirigenta comunal del Colegio de Profesores, Doris Cid, ha
señalado que, pese a una carta de compromiso firmada por el alcalde Juan Pablo Olave
en julio, las fechas de pago no se han respetado y la incertidumbre afecta a cerca de 600
trabajadores. El gremio presentó una denuncia ante la Dirección del Trabajo y advierte
acciones legales, mientras la FAEP anunció que llegará en septiembre para pagar un
mínimo de esta deuda.
Análisis político nacional: el nuevo escenario que enfrentan los profesores
El gobierno de José Antonio Kast asumió en un contexto de reactivación del conflicto
escolar y de presión por la calidad del gasto público. En este escenario, los profesores
enfrentan:
Inestabilidad previsional municipal: casos como Isla de Maipo no son aislados; revelan
una fragilidad estructural en la administración municipal de la educación, donde las
corporaciones educacionales pueden acumular deudas sin fiscalización efectiva.
Tensión entre SLEP y municipios: el traspaso al Servicio Local de Educación Pública no
borra las deudas contraídas antes de su entrada en funciones; la responsabilidad sigue en
la municipalidad o corporación que generó la obligación.
Debate por los “supersueldos” en el Estado: la revelación de que 46 funcionarios ganan
igual o más que el Presidente ha reabierto la discusión sobre las escalas salariales del
Estado, en un momento en que los docentes exigen garantías básicas como el pago
oportuno de sus imposiciones.
Presión política sobre alcaldes: más de 170 alcaldes respondieron a críticas por
compensaciones en la megareforma, lo que muestra un mapa político fragmentado donde
la gestión educacional queda expuesta a disputas ideológicas y presupuestarias.
Carreterismo de los alcaldes de derecha
El término “carreterismo” alude a una práctica de obstrucción o dilación en la gestión
municipal, especialmente cuando hay compromisos financieros con los trabajadores. En el
caso de Isla de Maipo, el alcalde Juan Pablo Olave, de derecha, firmó una carta de
compromiso que no se ha cumplido, generando una sensación de abandono y
desconfianza en el gremio docente. Esta dinámica se repite en otras comunas donde
alcaldes de derecha priorizan otras partidas presupuestarias o transfieren recursos a
nuevas estructuras (como Talaeduca en Talagante), mientras las deudas previsionales de
los profesores quedan postergadas.
Reflexión final
Nunca voy a entender que un político gane más que un profesor cuando, en la práctica, el
Estado es incapaz de garantizar el pago de las imposiciones de quienes educan. La
paradoja no es solo económica; es ética. Mientras se discuten “supersueldos” en
superintendencias, los profesores de Isla de Maipo ven cómo sus descuentos
previsionales se convierten en deuda impaga, y su futuro jubilatorio queda en suspenso.
En un país que dice valorar la educación, esta es la prueba más clara de que el sistema
aún no entiende quiénes son, realmente, los funcionarios esenciales.
Signo Escarlata. Documentar para entender mejor
