Juan Fco. Silva Díaz – Fonoaudiólogo/Audiólogo
Mientras el municipio negocia compensaciones por la reforma tributaria, los
docentes exigen que se priorice el pago de sus cotizaciones de salud y AFP antes
de salir a desfilar.
I. El silencio de las imposiciones
En Isla de Maipo, la crisis no llegó con sirenas ni con titulares de primera plana. Se instaló
en silencio, mes a mes, en la cartola de la AFP que no cuadra, en la licencia médica que
el sistema rechaza, en el crédito que se traba en la caja de compensación porque algo, en
algún lugar, dice “deuda previsional”.
Desde diciembre de 2025, cerca de 600 trabajadores de la educación —profesores de
aula, técnicos, asistentes, directivos— descubrieron que las cotizaciones que todos los
meses les descontaban de sus sueldos nunca llegaron a su destino. El dinero salió de sus
remuneraciones. Cumplieron con su parte. Pero las imposiciones, esas que garantizan
salud, pensión, licencias y derechos básicos, se quedaron en el camino.
La cifra que comenzó a circular en el Concejo Municipal fue contundente: más de 772
millones de pesos en deuda previsional acumulada, de los cuales alrededor de 497
millones corresponderían solo a cotizaciones de AFP. No es un número abstracto. Es el
equivalente a ocho meses de imposiciones impagas para cientos de familias que
sostienen, día a día, la educación pública de la comuna.
Mientras tanto, en la superficie, la vida municipal seguía su ritmo habitual: reuniones,
actos, ceremonias, declaraciones sobre reformas, compensaciones y fondos que llegan y
se redistribuyen. Pero bajo esa capa de normalidad institucional, la deuda crecía, con
intereses, multas y un daño previsional que ya no es solo contable: es salud que no se
puede usar, es pensión que se compromete, es dignidad que se resquebraja.
II. “Si no pagas, no desfilamos”
Septiembre se acerca. En Isla de Maipo, como en casi todo Chile, el 18 es más que una
fecha en el calendario: es un ritual comunitario, una forma de medir el pulso de la vida
local, un momento en que las escuelas, los cursos, los profesores y los estudiantes se
vuelven parte visible del orgullo comunal.
Este año, sin embargo, el desfile tiene un nuevo significado. En los pasillos de los
establecimientos, en las salas de profesores, en los grupos de WhatsApp gremiales,
circula una consena que ya no es solo un rumor: “Si no pagas, no desfilamos”.
La frase es corta, directa, casi brutal en su simplicidad. No es un grito de guerra. Es una
condición mínima: si la administración municipal no es capaz de garantizar que las
cotizaciones descontadas de nuestros sueldos lleguen a las instituciones previsionales,
entonces no hay motivo para celebrar con banderas ni para marchar con uniforme.
Para los docentes, el desfile del 18 no puede ser una puesta en escena que oculte la
realidad. No pueden salir a marchar con trajes típicos, sonriendo para las fotos oficiales,
mientras sus cartolas muestran meses y meses de imposiciones “declaradas y no
pagadas”. No pueden pedirle a sus estudiantes que valoren la educación pública, si al
mismo tiempo la autoridad comunal trata a los trabajadores de esa educación como si sus
derechos previsionales fueran prescindibles.
La dirigenta comunal del Colegio de Profesores, Doris Cid, ha sido clara: la angustia del
gremio no es solo por el dinero. Es por la señal que se envía cuando un empleador —en
este caso, la Corporación Municipal— descuenta cotizaciones y no las paga. Es por la
sensación de que el esfuerzo de años de servicio puede terminar convertido en una
deuda que los propios trabajadores deben cargar, como si la falla administrativa fuera un
problema personal.
III. La promesa incumplida
En julio, antes del receso de invierno, hubo una reunión. Hubo actas. Hubo una carta de
compromiso firmada por el alcalde Juan Pablo Olave. Se habló de una mesa de trabajo,
de un plan de pagos, de fechas concretas para comenzar a regularizar la deuda
previsional.
Los profesores esperaron. Revisaron sus cartolas. Consultaron en sus AFP. Llamaron a
sus cajas de compensación. Y la respuesta fue siempre la misma: las imposiciones
seguían sin aparecer pagadas. Las fechas del plan no se cumplieron. Los plazos se
estiraron. Las explicaciones se volvieron más difusas.
La directiva docente solicitó, una y otra vez, un reporte detallado del déficit total: cuánto se
debe, a quién se debe, desde cuándo, con qué intereses y multas. Querían nombres,
números, documentos. No solo una cifra lanzada en una sesión del Concejo, sino una
rendición de cuentas que permitiera entender la magnitud real del problema.
La respuesta, hasta ahora, ha sido insuficiente. La administración municipal ha hablado
de gestiones, de coordinaciones, de reuniones con la Delegación Presidencial Provincial,
la Seremi de Educación y otros actores. Pero los trabajadores no viven de reuniones.
Viven de sueldos, de derechos, de certezas. Y esas certezas, en Isla de Maipo, siguen sin
llegar.
Frente a la falta de transparencia, el gremio presentó una denuncia ante la Dirección del
Trabajo. No como un acto de confrontación por la confrontación misma, sino como una
forma de obligar a que la verdad salga a la luz. Porque mientras la deuda se mantenga en
la penumbra, mientras no haya cifras oficiales, actualizadas y verificables, cualquier
solución será siempre parcial, frágil, sospechosa.
IV. El Fondo Común y la reforma tributaria
En paralelo, en el plano nacional, los alcaldes —entre ellos Juan Pablo Olave— participan
activamente en el debate sobre la llamada “megarreforma tributaria” y el mecanismo de
compensación por el fin de las contribuciones a personas mayores.
Más de 160 ediles firmaron declaraciones pidiendo al Senado que apruebe el mecanismo
de compensación, argumentando que ningún municipio debería ver afectados sus
ingresos por la reforma. En esas declaraciones, Isla de Maipo aparece listada entre las
comunas que apoyan la propuesta del Gobierno.
El discurso es claro: los municipios no pueden asumir el costo de decisiones nacionales.
Necesitan fondos, compensaciones, un “Fondo Común” que les permita seguir
funcionando sin colapsar. Se habla de equidad territorial, de justicia fiscal, de proteger los
servicios locales.
Pero mientras se negocia a nivel nacional cómo se compensará a los municipios por la
pérdida de ingresos, en Isla de Maipo hay una deuda que no espera: las imposiciones de
600 trabajadores de la educación. Y aquí surge la contradicción más dolorosa.
¿Cómo puede un alcalde exigir al Estado que compense a su comuna por decisiones
nacionales, mientras al interior de esa misma comuna los trabajadores ven cómo el
Estado —en la figura de la administración municipal— no cumple con lo más básico:
pagar las cotizaciones que ya les fueron descontadas?
¿Cómo se puede hablar de proteger los servicios locales, si el servicio más esencial —la
educación pública— se sostiene sobre trabajadores cuya seguridad previsional está en
riesgo?
El “Fondo Común” que se reclama en Santiago choca, en Isla de Maipo, con un fondo
mucho más concreto: el fondo de pensiones, el fondo de salud, el fondo de derechos
laborales que los profesores ven comprometido mes a mes.
V. La educación pública como moneda de cambio
La deuda previsional de Isla de Maipo no es un caso aislado. En otras comunas, como
Punta Arenas, el Colegio de Profesores ha anunciado querellas criminales por
“apropiación indebida” contra alcaldes y secretarios de corporaciones municipales que
descuentan cotizaciones y no las pagan. En distintos puntos del país, los docentes
denuncian que sus empleadores usan las imposiciones como una suerte de crédito
forzoso: descuentan el dinero, lo ocupan para cubrir otros gastos y postergan el pago a
las instituciones previsionales.
Pero en Isla de Maipo hay un elemento adicional que agrava la situación: el traspaso de la
educación municipal al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Talagante,
programado para enero de 2027.
El SLEP llega con una promesa: poner fin a la administración municipal de la educación,
crear equipos especializados, mejorar la planificación, garantizar una gestión más
profesional y territorial. En teoría, el nuevo sistema debería evitar que la educación
dependa de la capacidad financiera de cada municipio.
Sin embargo, ninguna reforma institucional puede comenzar sobre la base del silencio. El
traspaso al SLEP no borra la deuda ni convierte automáticamente al nuevo servicio
público en responsable de las cotizaciones impagas generadas antes de su entrada en
funciones. La normativa mantiene la responsabilidad en la municipalidad o en la
corporación municipal que contrajo las obligaciones durante su administración.
Esto es clave: el Estado puede crear un nuevo administrador, pero no puede permitir que
la responsabilidad se diluya en el cambio de nombre, de dependencia o de estructura
institucional. La Ley N.º 21.819 contempla mecanismos para que, bajo determinadas
condiciones, el Ministerio de Educación pueda pagar directamente deudas municipales
vinculadas al servicio educacional. Pero ese eventual auxilio fiscal no significa que la
deuda desaparezca ni que la administración que la generó quede liberada.
En otras palabras: si el Estado interviene para pagar, no lo hace para regalar una salida
política a quienes administraron mal los recursos, sino para proteger derechos laborales y
previsionales que no pueden seguir esperando. Y luego, el Fisco puede exigir el reintegro
a la entidad deudora.
El riesgo, en Isla de Maipo, es que el traspaso al SLEP se use como una cortina de humo:
que la deuda se traslade de una oficina a otra, entre convenios y mesas de trabajo, sin
que nadie asuma la responsabilidad política y administrativa de lo ocurrido. Que los
profesores queden atrapados en un limbo institucional, donde nadie se hace cargo de los
ocho meses de imposiciones impagas.
VI. El costo humano de la deuda
Detrás de cada cifra hay una historia. Hay un profesor que no puede usar su bono médico
porque el sistema marca “deuda previsional”. Hay una asistente de la educación a quien
le rechazan una licencia porque sus cotizaciones de salud no están al día. Hay un
trabajador que intenta sacar un crédito en la caja de compensación y descubre que su
empleador le descontó el dinero, pero nunca lo enteró en la institución correspondiente.
Un abogado laboral lo resume con crudeza: “El empleador solamente actúa como un
agente retenedor. Son platas que le pertenecen a los trabajadores, y no es plata que
tenga la empresa para poder solucionar los problemas económicos que le puedan surgir”.
Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido en Isla de Maipo: las cotizaciones de los
trabajadores se han usado, de facto, como un fondo de caja chica para cubrir otros gastos
de la Corporación Municipal. Y cuando el dinero no vuelve a las instituciones
previsionales, el daño no es solo económico. Es psicológico. Es moral.
Los profesores de Isla de Maipo no son una cifra dentro de un balance. Son hombres y
mujeres que han sostenido durante años la educación pública local, muchas veces en
condiciones adversas: cursos numerosos, establecimientos que requieren inversión,
comunidades que dependen de la escuela como uno de los pocos espacios permanentes
de protección social.
Muchos de ellos llevan décadas enseñando en la comuna. Han visto crecer a
generaciones de estudiantes. Han acompañado a familias en momentos difíciles. Han
estado ahí cuando el Estado no llegaba con programas ni con recursos. Y ahora, cuando
ellos necesitan que el Estado —en la figura de su empleador municipal— cumpla con lo
más básico, la respuesta ha sido la espera, la coordinación, la promesa incumplida.
La política de la espera suele presentarse como prudencia administrativa. Se pide
paciencia, se anuncian gestiones, se habla de alternativas y se espera que el desgaste
divida a los afectados. Mientras tanto, la deuda crece y los trabajadores cargan con una
responsabilidad que no les pertenece.
VII. La responsabilidad del alcalde
El alcalde Juan Pablo Olave enfrenta una responsabilidad política concreta. No porque
toda la deuda se haya originado necesariamente durante su período, sino porque la
administración vigente debe informar con claridad, proteger a los trabajadores y evitar que
la crisis continúe agravándose.
Gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras, organizar actividades comunales o
gestionar la seguridad de los eventos públicos. Gobernar también significa responder
cuando los trabajadores municipales y de la educación pierden acceso a prestaciones
previsionales debido a obligaciones no pagadas.
La autoridad comunal debe explicar, con documentos y cifras verificables:
Cuándo se detectó formalmente la deuda.
Qué cotizaciones fueron descontadas y no pagadas.
Qué instituciones previsionales están afectadas.
Cuál es el monto actualizado con intereses y multas.
Qué medidas concretas se han adoptado para detener el crecimiento de la deuda.
Qué convenio se negocia con el Ministerio de Educación.
Qué garantías existen para que el traspaso al SLEP no deje a los trabajadores en una
zona de incertidumbre.
Qué responsabilidades administrativas se determinarán respecto de la gestión financiera
de la Corporación Municipal.
La transparencia no puede limitarse a confirmar una cifra ante el Concejo Municipal. La
comunidad necesita acceder al detalle de la deuda, a los informes financieros y al
cronograma de regularización. La democracia local exige que quienes administran
recursos públicos rindan cuentas ante quienes sostienen los servicios públicos.
Hasta ahora, la postura del alcalde ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. En el
peor, ha intentado deslindar responsabilidades, como si la crisis previsional fuera un
fenómeno natural que nadie pudo prever ni controlar. Pero la dirigencia docente ha sido
clara: las autoridades tenían pleno conocimiento de la crisis antes de intentar
desentenderse de la gestión administrativa.
VIII. El desfile como protesta
En este contexto, el desfile del 18 de septiembre adquiere un nuevo significado. Ya no es
solo una celebración. Es un termómetro político. Es una forma de medir hasta dónde llega
la paciencia de los trabajadores.
Los profesores de Isla de Maipo han dicho, con todas las letras: “Si no pagas, no
desfilamos”. No es un capricho. No es un acto de provocación. Es una forma de recordar
que la educación pública no es un decorado para las fotos oficiales.
Cuando un profesor decide no desfilar, no está renunciando a la fiesta patria. Está
diciendo que no puede celebrar mientras sus derechos previsionales están en juego. Está
diciendo que no puede pedirle a sus estudiantes que valoren la educación pública, si la
autoridad comunal trata a los trabajadores de esa educación como si sus cotizaciones
fueran prescindibles.
El desfile, en este sentido, se convierte en una protesta silenciosa. No hay gritos, no hay
pancartas, no hay confrontación directa. Solo hay un vacío: el espacio que los profesores
deberían ocupar en la marcha y que deciden no ocupar mientras no haya una solución
concreta a la deuda previsional.
Ese vacío duele más que cualquier discurso. Porque muestra, de manera tangible, que
algo está mal. Que la educación pública no puede funcionar si quienes la sostienen son
tratados como si sus derechos fueran negociables.
IX. La ley y las herramientas de los trabajadores
Frente a este escenario, los profesores de Isla de Maipo no están desprovistos de
herramientas. La legislación laboral y previsional chilena ofrece mecanismos concretos
para enfrentar el no pago de cotizaciones por parte del empleador.
Lo primero es revisar. Sacar la cartola de la AFP, mirar el correo electrónico, verificar si las
cotizaciones aparecen “declaradas y no pagadas”. Si detecta uno o dos meses, conversar
con el empleador es un camino razonable. Pero si la deuda se repite, hay dos vías
concretas.
La primera es denunciar ante la Inspección del Trabajo, que fiscaliza y puede multar a la
empresa. No genera un beneficio económico directo para el trabajador, pero deja
constancia del incumplimiento y obliga a la autoridad a actuar.
La segunda es evaluar un autodespido. Esta figura permite exigir las mismas
indemnizaciones que si hubiera sido despedido: años de servicio, mes de aviso, y un
recargo que habitualmente llega al 50%. Según expertos laborales, con tres o más
cotizaciones impagas ya hay un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales
que permite hacer un autodespido.
A esto se suma la Ley Bustos (nulidad del despido), vigente desde 1999: si el empleador
despide con cotizaciones impagas, puede ser condenado a pagar todas las
remuneraciones desde el despido hasta que regularice la deuda.
Un dato clave: las acciones para cobrar cotizaciones, multas, reajustes e intereses
prescriben en cinco años desde el término de los servicios. Descubrirlo tarde no significa,
necesariamente, haber perdido el derecho.
En Isla de Maipo, el Colegio de Profesores ya ha presentado una denuncia ante la
Dirección del Trabajo. Y ha advertido que no descarta iniciar acciones legales en caso de
que las negociaciones que lleva adelante el Colegio Nacional de Profesores no arrojen
resultados favorables.
No es un gesto menor. Es una señal de que la paciencia tiene un límite. De que los
trabajadores están dispuestos a agotar las instancias de diálogo, pero no dudarán en
recurrir a los tribunales si la administración municipal no entrega una solución definitiva y
transparente a la brevedad.
X. El FAEP, la SEP y el desvío de fondos
La preocupación del gremio docente no se limita a la deuda previsional acumulada.
También hay una alarma por el uso de recursos como el Fondo de Apoyo a la Educación
Pública (FAEP), que llegará en septiembre, y la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Según la dirigencia, la utilización de estos fondos —destinados originalmente a financiar
proyectos y fortalecer la educación de los establecimientos públicos— para solventar el
pago de remuneraciones y deudas previsionales termina perjudicando directamente a los
niños, jóvenes y comunidades educativas de la comuna.
En otras palabras: se usa dinero que debería ir a los estudiantes para tapar un agujero
administrativo. Y el costo, una vez más, lo pagan los más vulnerables: los alumnos que
necesitan recursos para aprender, los profesores que necesitan condiciones dignas para
enseñar, las familias que dependen de la escuela como un espacio de protección social.
La FAEP, en teoría, llegará en septiembre para pagar un mínimo de esta deuda. Pero eso
no resuelve el problema de fondo. Solo posterga la necesidad de una solución estructural,
transparente y con responsables.
XI. La política de la espera
Desde una mirada más amplia, la situación de Isla de Maipo revela algo más profundo
que una falla presupuestaria. Muestra los límites de un modelo que entrega a los
municipios la administración de derechos sociales esenciales, pero no siempre garantiza
los recursos suficientes para sostenerlos.
La educación pública se descentralizó en la gestión, pero no necesariamente se
descentralizaron las capacidades financieras, técnicas y políticas para asegurar su
funcionamiento. Cuando los ingresos municipales son insuficientes, cuando las
corporaciones acumulan déficits y cuando las decisiones se adoptan sin transparencia
suficiente, el costo termina recayendo sobre los trabajadores.
Es la vieja lógica de socializar las pérdidas y privatizar los sacrificios: quienes menos
poder tienen deben esperar, justificar su situación y demostrar una y otra vez que tienen
derecho a recibir lo que ya se les descontó.
La política de la espera, en este sentido, no es solo una estrategia administrativa. Es una
forma de gobernar que pone a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad
permanente. Se les pide que tengan paciencia, que confíen en las gestiones, que no
hagan ruido. Mientras tanto, la deuda crece y la incertidumbre se instala como una forma
de vida.
XII. Antes del traspaso
El SLEP Talagante no debe ser utilizado como una cortina de humo para cerrar el capítulo
municipal sin resolver sus consecuencias. Tampoco debe recibir una educación pública
debilitada, con trabajadores angustiados y comunidades educativas desconfiadas.
El traspaso debe incorporar una hoja de ruta pública que contemple, al menos:
Una nómina individualizada de cada trabajador afectado.
El detalle mensual de las cotizaciones adeudadas.
La certificación de las instituciones previsionales.
Un calendario obligatorio de pago.
La identificación de la entidad responsable en cada etapa.
Un sistema de información para que cada trabajador pueda verificar la regularización de
sus cotizaciones.
La fiscalización de la Contraloría, la Dirección del Trabajo y los organismos previsionales
competentes.
La comunidad educativa no está pidiendo un privilegio. Está exigiendo que se respete la
ley y que el dinero descontado de sus remuneraciones llegue finalmente a su destino.
Antes del traspaso, hay una obligación ineludible: pagar las cotizaciones, reparar el daño
causado y garantizar que ninguna reforma educativa se construya sobre la inseguridad
previsional de quienes han dedicado su vida a enseñar.
XIII. La dignidad de los profesores
Al final, más allá de las cifras, las leyes y las negociaciones políticas, hay algo que no
puede perderse de vista: la dignidad de los profesores de Isla de Maipo.
Ellos no son una variable de ajuste. No son un número en un balance municipal. No son
un costo que se puede postergar indefinidamente.
Son trabajadores que han sostenido la educación pública en una comuna que, como
muchas otras, enfrenta limitaciones presupuestarias, demandas crecientes y expectativas
altas. Han enseñado a leer y escribir, han acompañado a estudiantes en momentos
difíciles, han estado ahí cuando el Estado no llegaba con programas ni con recursos.
Y ahora, cuando ellos necesitan que el Estado —en la figura de su empleador municipal—
cumpla con lo más básico, la respuesta ha sido la espera, la coordinación, la promesa
incumplida.
La consena “Si no pagas, no desfilamos” no es un acto de rebeldía. Es un recordatorio.
Un recordatorio de que la educación pública no puede funcionar si quienes la sostienen
son tratados como si sus derechos fueran negociables.
Un recordatorio de que el 18 de septiembre no puede ser una fiesta vacía, donde se
celebra la patria mientras se ignoran los derechos de quienes hacen posible que esa
patria tenga futuro.
Un recordatorio, en definitiva, de que la dignidad de los profesores de Isla de Maipo no es
un lujo. Es una condición necesaria para que la educación pública siga siendo un derecho
y no un favor.
XIV. El golpe a la cátedra
Esta crónica no busca solo informar. Busca golpear la cátedra. Golpear la cátedra de la
administración municipal que ha permitido que esta deuda se acumule sin una respuesta
clara. Golpear la cátedra de la política local que negocia compensaciones en Santiago
mientras ignora las imposiciones impagas en la comuna.
Golpear la cátedra, en definitiva, para que nadie pueda decir que no sabía. Para que
nadie pueda decir que fue un error técnico, una falla administrativa, un problema de caja.
Porque cuando se descuentan cotizaciones y no se pagan, no es un error. Es una
decisión. Una decisión que pone a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad, que
compromete su salud, su pensión, su dignidad.
Y cuando esa decisión se toma en el ámbito de la educación pública, el daño es doble.
Porque no solo se afecta a los trabajadores. Se afecta a la credibilidad de la educación
pública misma.
¿Cómo pedirle a un estudiante que valore la educación pública, si ve que sus profesores
son tratados como si sus derechos previsionales fueran prescindibles?
¿Cómo pedirle a una familia que confíe en la escuela municipal, si sabe que los
trabajadores de esa escuela llevan meses sin que sus imposiciones se paguen?
El golpe a la cátedra, en este sentido, es también un llamado. Un llamado a que la
educación pública deje de ser un campo de experimentación política. Un llamado a que
los derechos de los trabajadores de la educación dejen de ser una variable de ajuste.
Un llamado, en definitiva, a que la dignidad de los profesores de Isla de Maipo sea tratada
como lo que es: un pilar fundamental de la educación pública.
XV. El respeto y la dignidad
Al cierre de esta crónica, queda una pregunta pendiente: ¿qué tipo de educación pública
queremos construir en Isla de Maipo?
¿Una educación pública que se sostiene sobre el esfuerzo de trabajadores cuyos
derechos previsionales están en riesgo?
¿Una educación pública que celebra el 18 de septiembre con desfiles y banderas,
mientras ignora las imposiciones impagas de quienes hacen posible que esa fiesta tenga
sentido?
¿Una educación pública que negocia compensaciones en Santiago mientras posterga
indefinidamente el pago de las cotizaciones de sus propios trabajadores?
O, por el contrario, ¿una educación pública que pone en el centro la dignidad de sus
trabajadores? Que entiende que sin respeto a los derechos laborales y previsionales, no
hay educación pública posible. Que asume que el 18 de septiembre no puede ser una
fiesta vacía, sino un momento para reafirmar el compromiso con quienes sostienen la
educación día a día.
La respuesta a esta pregunta no es solo técnica. Es política. Es moral. Es, en definitiva,
una pregunta sobre el tipo de comuna que queremos ser.
Y en esa respuesta, los profesores de Isla de Maipo tienen algo que decir. Lo han dicho
con claridad: “Si no pagas, no desfilamos”.
No es un ultimátum. Es una condición mínima. Una condición para que la educación
pública siga siendo un derecho y no un favor. Una condición para que el 18 de septiembre
siga siendo una fiesta y no un recordatorio de lo que no se ha resuelto.
Una condición, en definitiva, para que el respeto y la dignidad de los profesores de Isla de
Maipo dejen de ser una opción y se conviertan en una obligación.
XVI. Epílogo: la cuenta pendiente
La deuda previsional de Isla de Maipo no puede normalizarse como otra dificultad
heredada por los municipios. Tampoco puede resolverse mediante declaraciones
generales sobre la falta de recursos. La escasez presupuestaria puede explicar una crisis,
pero no elimina la obligación de responder por ella.
Los profesores y asistentes de la educación no son una cifra dentro de un balance. Son
trabajadores que han sostenido durante años la educación pública local, muchas veces en
condiciones adversas, con cursos numerosos, establecimientos que requieren inversión y
comunidades que dependen de la escuela como uno de los pocos espacios permanentes
de protección social.
A pocos meses del traspaso al SLEP, Isla de Maipo se encuentra ante una disyuntiva
política: puede permitir que la deuda sea trasladada de una oficina a otra, entre convenios
y mesas de trabajo, o puede exigir una solución con responsables, plazos y recursos.
El SLEP puede representar una oportunidad para construir una educación pública con
mayor capacidad estatal, participación y planificación. Pero esa oportunidad no será
creíble si comienza dejando a sus trabajadores abandonados a su suerte.
Antes del traspaso, hay una obligación ineludible: pagar las cotizaciones, reparar el daño
causado y garantizar que ninguna reforma educativa se construya sobre la inseguridad
previsional de quienes han dedicado su vida a enseñar.
Y antes del 18 de septiembre, hay una pregunta que la administración municipal debe
responder: ¿está dispuesta a tratar a los profesores de Isla de Maipo con el respeto y la
dignidad que merecen?
O, por el contrario, ¿prefiere que el desfile de este año sea recordado no por las banderas
ni por los trajes típicos, sino por el vacío de quienes decidieron no marchar mientras sus
imposiciones siguieran impagas?
La cuenta, en definitiva, está pendiente. Y la deuda, mientras tanto, sigue creciendo.
Signo Escarlata. Documentar para entender mejor