(Juan Fco. Silva Díaz – Fonoaudiólogo Audiólogo)
El dinero que llegó a la comuna
El Royalty Minero nació bajo una promesa política de profundo contenido social:
que una parte de la riqueza generada por la gran minería regresara a los territorios
y se transformara en mejores condiciones de vida para sus comunidades. No se
trata solamente de una transferencia presupuestaria. Es, en su origen, la
expresión de una idea de justicia territorial: los recursos naturales no pueden
beneficiar únicamente a las grandes empresas, mientras las comunas enfrentan
carencias en salud, seguridad, infraestructura y protección social.
En Isla de Maipo, esa promesa se tradujo en ingresos extraordinarios para las
arcas municipales. Durante 2024, la comuna recibió $168.416.071 por concepto
de Royalty Minero. En 2025, el monto informado llegó a $416.544.296, lo que
representa un aumento de aproximadamente 147% respecto del año anterior.
La diferencia entre ambas cifras no es menor. Para una municipalidad con
múltiples necesidades sociales y territoriales, cientos de millones de pesos
adicionales pueden significar ambulancias, caminos, iluminación, apoyo a
organizaciones, programas de salud o inversiones para los sectores rurales. Pero
también obligan a una mayor responsabilidad política: cuando aumentan los
recursos públicos, debe aumentar en la misma proporción la información
entregada a la ciudadanía.
La decisión política del alcalde
En este escenario, el alcalde Juan Pablo Olave ocupa un lugar central. Como jefe
comunal, no es únicamente la autoridad encargada de ejecutar el presupuesto. Es
quien conduce las prioridades políticas de la administración municipal, propone
modificaciones presupuestarias, dirige los equipos técnicos y presenta al Concejo
Municipal las decisiones que finalmente inciden en el destino de los recursos.
La Cuenta Pública municipal de 2024 informó inversiones y programas en áreas
como desarrollo social, educación, salud, deporte, cultura, turismo y seguridad. La
administración también destacó la transparencia y la probidad en el uso de los
recursos públicos. Sin embargo, una cuestión permanece abierta: ¿cuáles de esas
iniciativas fueron pagadas específicamente con fondos del Royalty Minero y cuáles
correspondieron al presupuesto municipal ordinario o a otras fuentes de
financiamiento?
La pregunta no busca desconocer la gestión del alcalde ni negar la existencia de
ayudas o proyectos ejecutados. Busca establecer algo más elemental: la relación
exacta entre el dinero recibido y el beneficio público entregado. En una
democracia local, la autoridad debe poder explicar no solo cuánto dinero ingresó,
sino también qué decisión tomó, por qué la tomó y quiénes fueron los
beneficiarios.
Ayudas sociales e inversión comunal
Los antecedentes disponibles muestran que, durante 2024, una parte importante
de los recursos fue destinada a transferencias al sector privado, ayudas sociales y
subvenciones. Entre los destinos informados aparecen Bomberos de Isla de
Maipo, organizaciones deportivas y culturales, una biblioteca pública y apoyos
sociales canalizados hacia distintas instituciones y proveedores. El gasto
ejecutado habría alcanzado $144.054.173, equivalente al 86% del total recibido
ese año.
Durante 2025, con el aumento de los recursos, también se reportó un incremento
de las transferencias. Se informaron aportes a Bomberos, organizaciones sociales
y culturales, además de ayudas sociales vinculadas a prestaciones médicas,
medicamentos, servicios funerarios y otras necesidades de familias de la comuna.
Desde una perspectiva social, estas ayudas pueden ser necesarias y legítimas.
Una familia que no puede pagar un tratamiento, una persona que requiere
medicamentos o una organización comunitaria que necesita apoyo no puede
esperar años por una gran obra de infraestructura. La política municipal debe
responder a la urgencia y proteger a quienes se encuentran en una posición de
mayor vulnerabilidad.
Pero la política social no debe confundirse con la falta de planificación. El Royalty
también podía abrir la posibilidad de financiar inversiones permanentes:
equipamiento de salud, infraestructura comunitaria, accesibilidad, seguridad,
caminos rurales, espacios deportivos o programas preventivos. Si los recursos se
concentran principalmente en ayudas individuales y transferencias, la comunidad
tiene derecho a saber si se trata de una estrategia deliberada, una respuesta a la
urgencia social o una consecuencia de la falta de proyectos preparados.
La transparencia como obligación política
La información recopilada por el Observatorio del Royalty Minero sostiene que la
respuesta municipal correspondiente a 2024-2025 no permite identificar de
manera directa y autosuficiente el monto total recibido, el uso final de los recursos
ni los instrumentos de gestión, evaluación o participación asociados a ellos.
Esto no prueba que haya malversación ni permite afirmar que los fondos hayan
sido utilizados ilegalmente. La ausencia de un desglose detallado no equivale
automáticamente a corrupción. Sin embargo, sí produce una debilidad
institucional: dificulta que el Concejo Municipal, las organizaciones sociales, los
medios locales y los vecinos puedan verificar el destino de cada peso.
La situación adquiere una dimensión política porque el alcalde ha sostenido
públicamente la importancia de la transparencia y la probidad en la gestión
municipal. Si esa es la definición de la administración, entonces el estándar no
puede limitarse a publicar cifras generales o una cuenta pública agregada. La
probidad exige que la ciudadanía pueda seguir el recorrido del dinero: ingreso,
modificación presupuestaria, proyecto, proveedor, pago, resultado y beneficiarios.
El Consejo para la Transparencia detectó que el 61% de las municipalidades
beneficiarias no había publicado adecuadamente los reportes exigidos sobre el
uso de los fondos del Royalty. En ese contexto nacional, Isla de Maipo no debería
conformarse con cumplir formalmente. Una administración local comprometida con
la transparencia debiera adelantarse a la exigencia legal y publicar la información
de manera comprensible, ordenada y verificable.
La pregunta que queda abierta
El Royalty Minero puede convertirse en una herramienta de transformación social
o reducirse a una fuente adicional de transferencias fragmentadas. La diferencia
depende de las decisiones políticas y administrativas que adopte cada municipio.
En Isla de Maipo, el alcalde Juan Pablo Olave tiene la responsabilidad de conducir
esa definición. Debe informar si los recursos se utilizaron principalmente para
enfrentar urgencias sociales, si existió una cartera de inversiones permanentes y
qué proyectos se proyectan para 2026. También debe explicar cómo se eligieron
los beneficiarios, qué criterios se aplicaron y qué resultados concretos se
obtuvieron.
La comunidad no está pidiendo un privilegio. Está ejerciendo un derecho
democrático. Quiere saber cómo una riqueza originada en la explotación minera,
recaudada por el Estado y transferida a la municipalidad se convierte en salud,
seguridad, infraestructura, apoyo social y dignidad para los habitantes de Isla de
Maipo.
Por eso, la discusión sobre el Royalty no termina con la llegada de los recursos a
la cuenta municipal. Comienza allí. Y en esa discusión, la figura del alcalde no
puede ser secundaria: Juan Pablo Olave debe responder políticamente por las
prioridades de su administración, por el impacto de sus decisiones y por el nivel de
transparencia con que esas decisiones son comunicadas a la comunidad.
Signo Escarlata, documentar para entender mejor.
